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Canal de Denuncias

Sigma Formación

Un Canal de Denuncias es una herramienta o software que permite comunicar, de manera confidencial, las actividades y conductas potencialmente irregulares que puedan suponer un incumplimiento del Código de Conducta y/o la posible comisión de un delito penal. Entre sus funciones, se encuentran, el nombrar un encargado del canal, decidir los medios por los que se van a efectuar las denuncias, el procedimiento para la tramitación de las denuncias o la notificación de la puesta en marcha del canal a la autoridad correspondiente.

Obligación de contar con un Canal de denuncias

El 1 de diciembre de 2023 entró en vigor la Ley 2/2023 o del Canal de denuncias, que exige a determinadas empresas a implantar canales de denuncias eficaces, y señala dos fechas límite. A su vez, la Ley 2/2023 está íntimamente relacionada con las normativas de protección de datos RGPD y LOPDGDD ya que estas son básicas para cumplir con la seguridad de los datos en canales de denuncias.

¿Qué empresas están obligadas?

En el sector privado

• Personas físicas o jurídicas del sector privado a partir de 50 empleados.

• Cualquier empresa, con independencia del número de trabajadores, cuya actividad se encuentre enmarcada en los siguientes sectores:

     ◦ Sector servicios, productos y mercados financieros (entidades bancarias, asesorías, etc.).

     ◦ Prevención de blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo (art. 2 de la LPBC, sujetos obligados).

     ◦ Seguridad del transporte y protección del medioambiente.

• Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y sus fundaciones, con independencia del número de trabajadores que tengan, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

• Grupos de empresas. Los recogidos en el artículo 42 del Código de Comercio.

En el sector público

• La Administración General del Estado, las administraciones regionales y provinciales.

• Los Organismos y Entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública.

• Las Corporaciones de Derecho Público.

• Universidades públicas.

• Las fundaciones del sector público.

¿Cada cuánto tiempo hay que actualizarlo?

No tiene obligación de actualizarse, por lo que se mantendrá vigente hasta que deje de adecuarse a los requisitos legales y reglamentarios, o en caso de tener que adaptarlo a la nueva realidad de la empresa.

Sanciones

Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley para implantar un canal de denuncias, las empresas recibirán sanciones que van desde 100.000 euros si se considera una infracción leve, hasta el 1.000.000 de euros si es considerada una infracción muy grave.

Preguntas Frecuentes

  • Trabajadores (plantilla, becarios, ex empleados)
  • Autónomos o proveedores
  • Clientes o usuarios
  • Personas vinculadas a procesos de selección o contratación
  • Accionistas o miembros del órgano de administración

Las denuncias válidas que se pueden presentar a través del canal de denuncias deben estar relacionadas con infracciones legales o comportamientos irregulares que violen las normativas internas de la empresa o la legislación vigente.

Sí, puede ser anónima, pues la ley permite y protege el anonimato, aunque también pueden presentarse denuncias identificadas

  • 7 días para acusar recibo.
  • 3 meses (ampliable a 6) para investigar y dar respuesta.
  • Se debe designar una persona o unidad responsable del canal
  • Puede gestionarse internamente o externalizarse (si se garantiza la legalidad)
  • Se debe disponer de un protocolo de gestión de denuncias
  • Sectores Especialmente Regulados como el sector financiero, energético, de la salud, farmacéutico o de la seguridad alimentaria
  • Empresas que gestionan grandes volúmenes de datos personales
  • Empresas que realizan actividades susceptibles de fraude o corrupción
  • Empresas que operan con contrataciones o actividades de alto impacto social o medioambiental
  • Empresas con contratos públicos
  • Empresas que implementan o gestionan ayudas o subvenciones públicas
  • Empresas con empleados que operan en el ámbito internacional
  • Empresas que operan con actividades de alto riesgo en relación con la seguridad y la salud laboral
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